El Tercer Sector, formado por un diverso y vasto tejido de fundaciones, asociaciones y entidades sin fines de lucro, ha estado plenamente activo desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

El sector ha contribuido decisivamente a paliar la crisis humanitaria y sanitaria especialmente entre los sectores más vulnerables de la ciudadanía. Lo ha hecho, tanto por iniciativa propia y cumpliendo su mandato de contribuir a los fines de interés general, como en colaboración estrecha con el sector público. El Tercer Sector ha vuelto a demostrar ser una pieza esencial e irremplazable para afrontar los retos a los que cualquier sociedad democrática y avanzada debe dar respuesta, especialmente en situaciones de crisis. Su respuesta ha sido rápida y eficiente, movilizando recursos y las mejores energías de una sociedad que ha demostrado ser comprometida y solidaria.

La eficacia y la innovación con la que el Tercer Sector ha sabido paliar las situaciones más urgentes, algunas de las cuales simplemente se han acentuado y se han hecho visibles en una situación extrema, no debe hacernos olvidar la misión de nuestras organizaciones, que no es otra que contribuir a fijar las nuevas metas y objetivos que nos trazamos como sociedad: cómo queremos que sea el modelo de promoción y apoyo a las personas mayores o con discapacidad, cómo podemos reducir la brecha económica y social nacional y global, cómo hacer efectiva la igualdad de las mujeres en todos los órdenes de la vida, cómo podemos contribuir a la sostenibilidad del planeta, a afianzar un modelo educativo de calidad, a mantener y potenciar el talento investigador y la capacidad de nuestro sistema de innovación, cómo podemos incrementar nuestra competitividad sin dejar a nadie atrás, o cómo podemos hacer de la cultura un verdadero motor de nuestro país.

Nuestras organizaciones son esenciales en la construcción de la sociedad que queremos, que no se entendería ni sería plena sin la existencia de este tejido de personas y entidades, que refuerzan y complementan cada día nuestro Estado del Bienestar.

Nuestro país cuenta con amplias redes de colaboración y con su propia tradición filantrópica. Construimos día a día el espacio de la sociedad civil, un espacio de libertad, pluralismo y de ciudadanía, consustancial a toda democracia, desde la colaboración con lo público y con el apoyo de la iniciativa empresarial y emprendedora, junto a las que generamos también riqueza y empleo.

Hoy queremos recordar la responsabilidad de los poderes públicos para proteger, fomentar y ampliar este espacio. Como ha señalado el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen Filantropía Europea: un potencial sin explotar, los Estados deberían reconocer a la filantropía como una forma de demostrar el compromiso y la participación de la sociedad, creando un espacio adecuado para su desarrollo y crecimiento y colaborando con los agentes filantrópicos mediante iniciativas, legislativas adecuadas u otro tipo de iniciativas que favorezcan su actuación.

El Tercer Sector y sus organizaciones cuentan en España con un reconocimiento formal fruto, como no podía ser de otra forma, del reconocimiento constitucional de los derechos y libertades.

Sin embargo, la ley concebida precisamente para fomentar la participación privada en los fines de interés general, la Ley de Mecenazgo, está a punto de cumplir veinte años. A lo largo de este tiempo se han sucedido numerosísimas iniciativas parlamentarias y anuncios de distintos gobiernos con la pretensión de cambiar esta legislación, que, a salvo de reformas menores, se han visto frustradas, provocando con ello la decepción de las organizaciones del sector y del conjunto de la sociedad española. La Ley de Mecenazgo no es el único instrumento para potenciar la filantropía o la inversión social, pero sí es un paso y representará un espaldarazo a un sector imprescindible para la recuperación y la innovación social.

Las organizaciones que suscribimos este documento, recordamos al Gobierno de España y a las Cortes Generales, a los gobiernos de las Comunidades Autónomas y a sus parlamentos, y al conjunto de las administraciones públicas, la inaplazable necesidad de modernizar la regulación sobre el mecenazgo, regulación concebida precisamente para fomentar la participación social en los fines interés general.

Por todo ello, estas organizaciones consideran necesario abordar una reforma de la Ley de Mecenazgo, con los siguientes objetivos:

1. Una ley actualizada para todos los fines de interés general en cuya definición también participe el sector:
   1. Desde la transversalidad, actualizar los fines de interés general que recoge la ley y contemplar expresamente sectores como la inversión sostenible o de impacto social, la divulgación científica o el emprendimiento social realizados desde las entidades sin fines de lucro.
   2. Dar participación al sector en la definición de las áreas prioritarias de mecenazgo o cuando se quieran reforzar algunos incentivos en áreas específicas de interés general.
2. Adecuar al nuevo entorno el concepto de mecenazgo y la capacidad de las organizaciones no lucrativas para contribuir a los fines de interés general:
   1. Hacer compatible la donación con el reconocimiento a los mecenas o donantes.
   2. Reconocer definitivamente el mecenazgo de competencias o profesional, es decir, la prestación de servicios profesionales sin contrapartida económica como han hecho ya algunas Comunidades Autónomas.
   3. Contemplar nuevas fórmulas de financiación de las entidades sin fines lucrativos condicionadas a los resultados de impacto social que logren, o la financiación gratuita de sus actividades.
   4. Generar y aprovechar el potencial de muchas entidades sin fines de lucro con capacidad para invertir, para que lo hagan a través de inversiones alineadas con su misión social, a través de inversiones de impacto social.
   5. Buscar fórmulas que fomenten los llamados ‘fondos de dotación’ o ‘endowments’ que promuevan y refuercen el modelo fundacional, como patrimonio independiente afecto a fines de interés general.
3. Implicar a más ciudadanía: hacer que más personas ejerzan la filantropía activamente.
   1. Avanzar en el modelo de deducciones, ampliando los límites, más allá del micromecenazgo, potenciando el mecenazgo de las personas físicas y adecuando los incentivos a sus capacidades de contribuir.
   2. Incorporar a las plataformas de financiación participativa consistentes en donaciones promovidas por y destinadas a entidades sin fines de lucro.
4. Resolver las deficiencias del modelo actual.
   1. La estructura actual es adecuada, pero son necesarios ajustes en la propia definición de las entidades sin fines de lucro y, por tanto, en el régimen del mecenazgo.
   2. No podemos dejar de mencionar el difícil encaje que tiene un tributo como el IVA para las entidades sin fines de lucro que no actúan como empresarios y para las que se convierte en un coste que acaba repercutiendo en sus beneficiarios o en una menor aplicación de sus fondos a sus fines. Es necesario buscar soluciones.

• Asociación Española de Fundaciones (AEF).
• Asociación Española de Fundraising (AEFr).
• Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
• Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF).
• Fundació Catalunya Cultura – Plataforma para el Mecenazgo.
• Plataforma del Tercer Sector.
• Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICEX).
• Spain Nab – Consejo Asesor para la Inversión de Impacto.